Continúa la implacable represión contra la iglesia en Nicaragua
Incluso tras la reciente liberación de sacerdotes encarcelados, el régimen de Ortega continúa atacando a las organizaciones cristianas con una «intolerancia absoluta hacia la disidencia».
Un grupo de nicaragüenses realizan una manifestación frente a la Catedral de San José en Costa Rica para protestar por la detención del obispo Rolando Álvarez en 2022.
Las malas noticias han sido la norma para los católicos en Nicaragua, donde el clero y los grupos eclesiásticos han sido blanco frecuente de una amplia represión durante años. Pero el 14 de enero de 2024 recibieron una feliz sorpresa cuando el gobierno liberó inesperadamente de prisión a dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas, y los expulsó al Vaticano.
Entre los liberados se encontraba el obispo Rolando Álvarez, un preso político de alto perfil que fue detenido en 2022 por criticar al gobierno y luego sentenciado a 26 años de prisión por presunta traición.
También incluían a sacerdotes detenidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega a finales de diciembre de 2023 por expresar solidaridad con Álvarez y otros presos políticos. Días después, el Papa Francisco criticó al régimen en su mensaje de Año Nuevo y luego llamó a un «diálogo diplomático respetuoso».
Ortega dirigió Nicaragua por primera vez de 1979 a 1990, después de que su organización revolucionaria de izquierda, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezara el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza Debayle. En la década de 1980, el FSLN entró en conflicto con el Vaticano y la jerarquía eclesiástica por las políticas socialistas del grupo, incluso cuando muchos de los católicos nicaragüenses más pobres las aceptaron.
Cuando algunos líderes católicos populares criticaron la violencia contra los manifestantes, el régimen comenzó a ver a la iglesia como un rival que amenazaba la menguante legitimidad de Ortega. La policía, los paramilitares y los partidarios del FSLN comenzaron a acosar y atacar al clero y las instituciones católicas.
Algunos huyeron al exilio o se les impidió regresar a Nicaragua si viajaban al extranjero. Otros que se quedaron en el país fueron mantenidos bajo vigilancia. Los sacerdotes que expresaran su apoyo a los presos políticos o continuaran criticando al régimen, incluso en términos vagos, podían ser arrestados o golpeados.
El gobierno expulsó al Vaticano a 12 sacerdotes anteriormente detenidos en octubre de 2023 después de lo que el régimen llamó «conversaciones fructíferas». Pero Álvarez, el preso político de más alto perfil, todavía estaba detenido por el gobierno y fue despojado de su ciudadanía tras negarse a exiliarse en febrero de 2023.
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Patrones más amplios de represión
Los ataques contra la iglesia son un síntoma de la absoluta intolerancia del régimen de Ortega hacia la disidencia.
[Nota del editor de CT: Este año, Nicaragua experimentó el aumento más pronunciado en la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas debido a las restricciones contra la libertad religiosa, la incautación de propiedades de iglesias y ministerios, y el arresto o exilio de líderes cristianos.
En un país donde más del 40 por ciento de la gente se identifica como católica, muchos normalmente recurren a la iglesia en momentos de necesidad. Suprimir las instituciones católicas significa que los nicaragüenses deben recurrir al Estado en busca de ayuda, por medio de la cual se monitorea a los ciudadanos y ha sido acusada de negar servicios si se percibe cierta deslealtad.
La decisión del gobierno de expulsar al clero el 14 de enero también está en línea con su tendencia a bloquear el reingreso de los opositores a Nicaragua o forzarlos al exilio. En muchos casos, Nicaragua luego revocó la ciudadanía de sus críticos, como cuando expulsó a 222 presos políticos en febrero de 2023 a Estados Unidos.
Cuando el encarcelamiento o las amenazas no han debilitado la voluntad de los críticos, Ortega y Murillo parecen haber decidido que lo mejor es mantenerlos en el extranjero. Esto no solo reduce los riesgos de una acción contra el régimen en Nicaragua, sino que también puede disminuir el escrutinio internacional sobre el maltrato a los prisioneros políticos.
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Crítica cautelosa
Desde 2018, la represión en Nicaragua ha llegado en oleadas, y la violencia brutal que reprimió las protestas se ha convertido en un entorno de vigilancia constante, acciones legales contra instituciones independientes y opositores, y arrestos frecuentes. Sin embargo, los momentos de aparente calma a menudo han sido seguidos por duras medidas represivas, como una serie de arrestos que tuvo lugar de cara a las elecciones de 2021.
Sin embargo, en enero de 2024, Francisco llamó deliberadamente la atención sobre la crisis durante dos discursos, días después de que una docena de sacerdotes fueran arrestados. Una semana después llegó la liberación de Álvarez y sus colegas, a quienes se les otorgó la libertad de salir de Nicaragua, pero no de regresar.
Los líderes católicos siguen siendo las figuras más populares de Nicaragua, según encuestas independientes. Esto los convierte en una amenaza continua para la búsqueda de control total de Ortega y Murillo. Ezequiel Buenfil Batún, el sacerdote detenido el 16 de enero, pertenecía a una orden religiosa cuya personería jurídica fue revocada ese mismo día, junto con la de varias otras organizaciones no gubernamentales.
Mientras muchos nicaragüenses pierden la esperanza de que las condiciones mejoren y decenas de presos políticos siguen encarcelados, cualquier noticia positiva como la liberación de los sacerdotes es bienvenida. No obstante, no ofrece garantías de un cambio más amplio en el futuro.