Continúa la implacable represión contra la iglesia en Nicaragua

Las malas noticias han sido la norma para los católicos en Nicaragua, donde el clero y los grupos eclesiásticos han sido blanco frecuente de una amplia represión durante años. Pero el 14 de enero de 2024 recibieron una feliz sorpresa cuando el gobierno liberó inesperadamente de prisión a dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas, y los expulsó al Vaticano.

Entre los liberados se encontraba el obispo Rolando Álvarez, un preso político de alto perfil que fue detenido en 2022 por criticar al gobierno y luego sentenciado a 26 años de prisión por presunta traición.

También incluían a sacerdotes detenidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega a finales de diciembre de 2023 por expresar solidaridad con Álvarez y otros presos políticos. Días después, el Papa Francisco criticó al régimen en su mensaje de Año Nuevo y luego llamó a un «diálogo diplomático respetuoso».

Casi seis años después de que las protestas masivas estallaran contra Ortega y luego fueran brutalmente reprimidas, la liberación de prisioneros ofrece cierta esperanza a la oposición de Nicaragua. Sin embargo, mi investigación ha demostrado que el régimen de Ortega es implacable al intentar retener el poder, lo que sugiere que esto no es necesariamente un momento de cambio. De hecho, el gobierno fue acusado de detener a otro sacerdote el 16 de enero.

¿Por qué la iglesia está en la mira?

Ortega dirigió Nicaragua por primera vez de 1979 a 1990, después de que su organización revolucionaria de izquierda, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezara el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza Debayle. En la década de 1980, el FSLN entró en conflicto con el Vaticano y la jerarquía eclesiástica por las políticas socialistas del grupo, incluso cuando muchos de los católicos nicaragüenses más pobres las aceptaron.

Sin embargo, cuando Ortega asumió nuevamente el poder en 2007, lo hizo con la bendición de los líderes cristianos. Durante las elecciones de 2006, había recurrido a alianzas con élites católicas y protestantes para regresar al poder a cambio de adoptar políticas sociales conservadoras como la prohibición del aborto.

Durante la siguiente década, Ortega siguió siendo popular, liderando el crecimiento económico en colaboración con líderes empresariales y desarrollando nueva infraestructura y servicios públicos.

Sin embargo, él y el partido FSLN que controlaba también estaban consolidando el poder y gobernando de una manera cada vez más autoritaria. Ortega ganó la reelección en 2011 y luego retuvo el poder tras las elecciones fraudulentas de 2016. Los candidatos de la oposición fueron descalificados y la compañera de fórmula de Ortega fue su esposa, Rosario Murillo.

Inesperadamente, la popularidad de Ortega y su relación con la iglesia se derrumbaron en abril de 2018, cuando el gobierno anunció recortes en los beneficios de la seguridad social para los jubilados. Nicaragüenses de todos los orígenes salieron a las calles, y Ortega y Murillo respondieron con una furiosa represión, desatando policías y paramilitares progubernamentales armados con armas de grado militar.

Catedrales e iglesias trataron de ofrecer refugio a los manifestantes, sin embargo, más de 300 personas murieron. Los líderes de la Iglesia facilitaron un diálogo nacional entre el gobierno y una coalición de oposición, pero se retiró a medida que la represión continuaba.

Cuando algunos líderes católicos populares criticaron la violencia contra los manifestantes, el régimen comenzó a ver a la iglesia como un rival que amenazaba la menguante legitimidad de Ortega. La policía, los paramilitares y los partidarios del FSLN comenzaron a acosar y atacar al clero y las instituciones católicas.

En 2019, el Papa llamó a Roma a Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y destacado crítico de Ortega. Sin embargo, otros obispos y sacerdotes todavía se encontraban en la mira del régimen.

Algunos huyeron al exilio o se les impidió regresar a Nicaragua si viajaban al extranjero. Otros que se quedaron en el país fueron mantenidos bajo vigilancia. Los sacerdotes que expresaran su apoyo a los presos políticos o continuaran criticando al régimen, incluso en términos vagos, podían ser arrestados o golpeados.

El gobierno expulsó al Vaticano a 12 sacerdotes anteriormente detenidos en octubre de 2023 después de lo que el régimen llamó «conversaciones fructíferas». Pero Álvarez, el preso político de más alto perfil, todavía estaba detenido por el gobierno y fue despojado de su ciudadanía tras negarse a exiliarse en febrero de 2023.

Patrones más amplios de represión

Los ataques contra la iglesia son un síntoma de la absoluta intolerancia del régimen de Ortega hacia la disidencia.

Con más de 3000 organizaciones no gubernamentales cerradas desde 2018, la iglesia se ha convertido en la única institución no estatal importante de Nicaragua con alcance a nivel nacional.

[Nota del editor de CT: Este año, Nicaragua experimentó el aumento más pronunciado en la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas debido a las restricciones contra la libertad religiosa, la incautación de propiedades de iglesias y ministerios, y el arresto o exilio de líderes cristianos.

El gobierno de Nicaragua ha cerrado al menos 256 organizaciones evangélicas en los últimos dos años. Si bien más de un tercio de los nicaragüenses se identifican como evangélicos, los expertos dicen que la persecución de los evangélicos ha sido «más silenciosa» porque algunos de sus líderes todavía apoyan al gobierno de Ortega y los críticos no hablan por temor a represalias].

En un país donde más del 40 por ciento de la gente se identifica como católica, muchos normalmente recurren a la iglesia en momentos de necesidad. Suprimir las instituciones católicas significa que los nicaragüenses deben recurrir al Estado en busca de ayuda, por medio de la cual se monitorea a los ciudadanos y ha sido acusada de negar servicios si se percibe cierta deslealtad.

Al menos 27 universidades católicas y laicas también han sido cerradas o confiscadas por el gobierno, al igual que más de 50 medios de comunicación.

La decisión del gobierno de expulsar al clero el 14 de enero también está en línea con su tendencia a bloquear el reingreso de los opositores a Nicaragua o forzarlos al exilio. En muchos casos, Nicaragua luego revocó la ciudadanía de sus críticos, como cuando expulsó a 222 presos políticos en febrero de 2023 a Estados Unidos.

Cuando el encarcelamiento o las amenazas no han debilitado la voluntad de los críticos, Ortega y Murillo parecen haber decidido que lo mejor es mantenerlos en el extranjero. Esto no solo reduce los riesgos de una acción contra el régimen en Nicaragua, sino que también puede disminuir el escrutinio internacional sobre el maltrato a los prisioneros políticos.

Crítica cautelosa

Desde 2018, la represión en Nicaragua ha llegado en oleadas, y la violencia brutal que reprimió las protestas se ha convertido en un entorno de vigilancia constante, acciones legales contra instituciones independientes y opositores, y arrestos frecuentes. Sin embargo, los momentos de aparente calma a menudo han sido seguidos por duras medidas represivas, como una serie de arrestos que tuvo lugar de cara a las elecciones de 2021.

Incluso cuando la represión ha aumentado, el Vaticano ha sido cauteloso a la hora de criticar a Ortega y Murillo, mientras que algunos nicaragüenses y católicos en el extranjero han instado al Papa a hacer más. Sin embargo, la moderación del Vaticano no parece disminuir las amenazas contra el clero o las limitaciones a actividades como las procesiones religiosas.

Sin embargo, en enero de 2024, Francisco llamó deliberadamente la atención sobre la crisis durante dos discursos, días después de que una docena de sacerdotes fueran arrestados. Una semana después llegó la liberación de Álvarez y sus colegas, a quienes se les otorgó la libertad de salir de Nicaragua, pero no de regresar.

Los líderes católicos siguen siendo las figuras más populares de Nicaragua, según encuestas independientes. Esto los convierte en una amenaza continua para la búsqueda de control total de Ortega y Murillo. Ezequiel Buenfil Batún, el sacerdote detenido el 16 de enero, pertenecía a una orden religiosa cuya personería jurídica fue revocada ese mismo día, junto con la de varias otras organizaciones no gubernamentales.

Mientras muchos nicaragüenses pierden la esperanza de que las condiciones mejoren y decenas de presos políticos siguen encarcelados, cualquier noticia positiva como la liberación de los sacerdotes es bienvenida. No obstante, no ofrece garantías de un cambio más amplio en el futuro.

Kai M. Thaler es profesor asistente de estudios globales en la Universidad de California, Santa Bárbara. Este artículo apareció originalmente en The Conversation.

[ This article is also available in English. See all of our Spanish (español) coverage. ]